Familiares de enfermos mentales demandan un protocolo oficial para crisis psiquiátricas

María Kutz anuncia que una comisión técnica elaborará una guía para antes de navidad

Profesionales y afectados denuncian que se dan situaciones "brutales" por falta de unas pautas de actuación

Una ambulancia entrando a Urgencias. FOTO: DIARIO DE NOTICIAS

PAMPLONA. La intervención ante las crisis psquiátricas que suelen padecer las personas afectadas por problemas de salud mental es una de las asignaturas pendientes que afectan a este numeroso colectivo ciudadano que, desde hace años, viene demandando la elaboración de un protocolo de actuación que facilite dicha intervención. La legislación vigente tiende a salvaguardar la libertad de las personas para decidir sobre su propia vida. Y en muchas ocasiones, con los enfermos mentales, surge un conflicto entre la necesidad de atención del enfermo y su negativa a aceptarla. En estas situaciones se puede hacer precisa la intervención del juez, de la Policía y de otros estamentos ajenos al centro de salud mental y a la familia, que deben intervenir en situaciones difíciles y muy delicadas. El Foro de Salud Mental de Navarra, la Asociación Anasaps y los profesionales de la Salud y de la Justicia coinciden en la necesidad de elaborar un protocolo, una guía de actuación, para cuya creación se han dado los primeros pasos. La consejera de Salud, María Kutz, a instancias de dichos profesionales ha anunciado la constitución de una comisión técnica que se reunirá antes de las próximas Navidades con el fin de elaborar dicho protocolo. "Formarán parte de la comisión todas las instituciones, profesionales y asociaciones que tengan que ver con la intervención en crisis psiquiátricas", precisó la consejera.

Necesidad acuciante

Un rasgo común a la inmensa mayoría de los enfermos mentales es la falta de conciencia de enfermedad. El paciente no cree necesitar cuidados sanitarios ni especiales recursos sociales. Con frecuencia no acepta fácilmente, o rechaza de forma tajante, la terapia que familiares y profesionales ven, con claridad meridiana, que está necesitando. En el Informe que la Defensora del Pueblo publicó en 2003, algunos familiares exponen la inadecuación y a veces gran torpeza, que todavía existe, en la forma de abordar esas situaciones de emergencia por parte de los equipos que intervienen en Navarra. Por otro lado, hay numerosos testimonios de familias agradecidas a la delicada, hábil, paciente y eficaz intervención de los UPAS (unidad de asistencia social de la Policía Municipal de Pamplona).

Una trabajadora social de la red pública, también familiarizada con situaciones límite, se muestra así de explícita: "Los que hemos tenido que vivir bastantes intervenciones en crisis sabemos que, en la práctica, se llegan a dar situaciones absurdas por el sinfín de dispositivos que intervienen con diferentes criterios y formas de actuar ante un mismo problema o paciente lo que, a veces, conduce a desenlaces indeseables de todo tipo". Y añade, "en caso de crisis los ingresos están judicializados. Intervienen cuerpos policiales diversos. Son situaciones tan habituales en los trastornos mentales que es necesario un protocolo de intervención, en el que prime la atención sanitaria frente a la judicial, o ambas se combinen convenientemente".

Desde el año 1987, cuando no se ha podido contar con la solicitud de ingreso voluntario firmada por el paciente, ha sido necesaria una autorización judicial. En la práctica, los afectados, sus familiares y los profesionales Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento civil en enero de 2007, el control judicial de los internamientos no voluntarios, por razón de trastorno psíquico, ha ido mejorando. Se permite realizar internamientos urgentes, por criterio médico, en los casos de extrema emergencia, sin que sea imprescindible la autorización judicial previa. Y se han articulado medidas ágiles para la ratificación, por parte del juez, de estos internamientos urgentes. Por otro lado, en los últimos dos años se han centralizado todos los procesos de internamiento involuntario en el Juzgado de primera instancia nº 8, lo que ha supuesto, igualmente, un paso importante para mejorar la situación.

Una asignatura pendiente

No obstante, la atención a una situación de emergencia psiquiátrica hace precisa la intervención de equipos profesionales diversos que deben trabajar con criterios claros, unificados y bien coordinados. Lo más problemático suele ser el acceso al domicilio y los traslados. Hace falta un protocolo de intervención que en Navarra todavía no se da. Todas las personas entrevistadas, profesionales de diversos ámbitos y familiares, han manifestado una misma convicción: "Es urgente que en Navarra se tomen medidas para dar una atención coordinada, delicada y eficiente a las urgencias psiquiátricas. Como consecuencia, el nivel de estrés y dramatismo que viven los afectados, sus familias y los profesionales que intervienen cuando surge una situación crítica, será menor."

Anasaps, la asociación de familiares y usuarios, organizó unas Jornadas sobre Intervención en crisis y urgencias psiquiátricas, en mayo de 2005, en las que intervinieron profesionales de diversas instituciones navarras como la Defensora del Pueblo, Cuerpos de Policías, personas responsables del Juzgado, la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Virgen del Camino, Emergencias, etcétera. En las conclusiones de las Jornadas se pidió "un Protocolo de Actuación en Ingresos Involuntarios-Urgencias Psiquiátricas que fuera elaborado con la participación y asesoramiento de todos los sectores implicados en Navarra y que contara con la necesaria reorganización de los recursos y del presupuesto correspondiente".

También el Informe sobre Atención a la Salud Mental en Navarra, de la Defensora del Pueblo, aludía a la "especial gravedad que supone para el enfermo y su familia el internamiento contra su voluntad en casos de crisis aguda" y establecía la "necesidad de un protocolo de actuación para estos casos que permita la formación adecuada y la coordinación estricta de los diferentes agentes".

Pero ni el Informe de la Defensora del Pueblo ni las Jornadas de Anasaps han servido, hasta ahora, para que se adopten decisiones que permitan terminar con esta situación, impropia de una sociedad avanzada como la navarra.

Protocolo consensuado

A juzgar por lo que dicen los expertos, poner en marcha un protocolo no es complicado ni excesivamente costoso: "Se trata de crear un grupo técnico que se ponga a trabajar con el objetivo de elaborar el documento en un plazo razonable de varios meses. Ya existen referentes. En Navarra necesitamos optar por una fórmula que permita plantear mecanismos y criterios claros que den seguridad a los profesionales que intervienen y confianza a quien es atendido", indica Manuel Cuesta, psiquiatra de la UHP Virgen del Camino. Y añade, "habría que revisar los protocolos que ya llevan tiempo funcionando y averiguar cómo les ha ido, porque eso no suele estar escrito. Y además, el grupo técnico debería hacer un seguimiento para asegurarse de que se está haciendo la puesta en práctica más adecuada".

El director de Protección Civil y del 112, Alberto Otamendi, considera importante el protocolo y destaca otras necesidades: "El Protocolo es importante. Pero, por muy bueno que sea, puede resultar insuficiente. No es posible contemplarlo todo. La mayor parte de las veces surgen situaciones imprevisibles. La formación y sensibilización de los profesionales de diversos ámbitos que van a tener que intervenir es fundamental. Yo diría que imprescindible". En su opinión, "una vez redactado el protocolo, lo más sencillo y práctico sería dar formación sobre actuación en crisis psiquiátricas a todo el personal, de diversos perfiles, que deba actuar. De ese modo todos los equipos estarían preparados para funcionar adecuadamente sea cual sea el turno, la hora o las circunstancias en las que sea preciso entrar en acción".

Por otra parte, José Francisco Cobo, juez presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, afirma que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra considera "imprescindible, como actuación a corto plazo, la elaboración de un protocolo para las intervenciones en crisis que facilite la accesibilidad, coordine y agilice la actuación de todos los implicados". "El objetivo de ese protocolo radica en sistematizar las actuaciones propias de una intervención en crisis contemplando, entre otros, los siguientes extremos: quién puede promover la actuación, ante qué recurso, cómo actuar con la persona en crisis, modalidades prácticas de intervención de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad (llevar arma o no; uniformados o de paisano...), a dónde se lleva al afectado, cómo regularizar jurídicamente la situación y la intervención judicial en el alta médica".

Por deseo expreso de su presidente, ratificado por la Sala de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ofrece toda la colaboración precisa para que el protocolo en cuestión vea la luz. "Desde la Judicatura vemos la necesidad y estamos deseosos de colaborar. Pero la iniciativa debe partir de Salud".

Esta legislatura

El subdirector de Salud Mental, José Domingo Cabrera, también comparte la convicción de que ésta es una necesidad que hay que abordar en esta legislatura ya que no se hizo en la anterior. "Estamos decididos a convocar a un grupo de trabajo que pueda sacar adelante un documento. Luego será preciso hacer un seguimiento que garantice la puesta en práctica adecuada de los dispositivos especiales consensuados entre todos los componentes de la Comisión de Trabajo".

La consejera de Salud, María Kutz afirma que se va a convocar, antes de Navidad, a las diversos instituciones, cuerpos y asociaciones para que empiecen a trabajar cuanto antes en la elaboración de un Protocolo para Navarra: "Nuestra idea es crear una Comisión Técnica Asesora de la consejera de Salud para que le trabaje estos temas. La comisión estará presidida por el director general de Salud y en alguna ocasión, por delegación, el subdirector de Salud Mental. La función asignada a esa comisión será la elaboración de un Protocolo para Intervención en crisis psiquiátricas. Solemos determinar también el tiempo que consideramos razonable para desarrollar la función encomendada".

Kutz anuncia que "participarán en la Comisión las personas designadas por todas las partes implicadas que tuvieran algo que decir o aportar sobre estas situaciones de crisis de personas con enfermedad mental. Lo bueno de una Comisión como ésta es que da pie a debates y discusiones internas entre gente muy diversa que se pone de acuerdo en las líneas a seguir para llegar, finalmente, a unas conclusiones. El éxito está garantizado porque vamos a elegir bien a la gente que va a participar".

FuenteDIARIO DE NOTICIAS